¿Qué derechos tienen las víctimas?

Las autoridades deben actuar conforme al mandato constitucional y convencional de hacer realidad los derechos humanos, lo cual se traduce en hacer posible que todas las personas puedan diseñar y ejecutar un proyecto de vida en condiciones de igualdad y libres de violencia. Específicamente, en el ámbito electoral, las autoridades deben garantizar que la incursión de las mujeres en el ámbito público se afiance y se realice en ambientes estructuralmente adecuados. Así, se identifican los siguientes derechos de las mujeres que sean víctimas de la violencia política:

1.  Ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos.
2.  Ser atendida y protegida de manera oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado. Dependiendo del riesgo para lo cual podrá elaborarse un análisis específico se tienen que establecer medidas para salvaguardar la integridad de la víctima, que pueden ir desde botones de pánico, rondines, escoltas, etcétera.
3.  Que se le otorguen órdenes de protección, así como las medidas cautelares y de otra naturaleza necesarias para evitar que el daño sea irreparable. Estas medidas deben definirse en congruencia con las aspiraciones de las víctimas.
4.  Recibir información y asesoramiento gratuito sobre los derechos que tiene y las vías jurídicas para acceder a ellos a fin de que esté en condiciones de tomar una decisión libre e informada sobre cómo proseguir.
5.  Ser informada del avance de las actuaciones tomadas para su protección.
6.  Que se le brinde atención médica y psicológica gratuita, integral y expedita.
7.  La confidencialidad y a la intimidad.
8.  Que, en su caso, se le proporcione un refugio seguro.
9.  Participar en espacios colectivos con otras víctimas.
10.  Si se trata de personas indígenas, a contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con capacitación adecuada.
11.  Obtener los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos (por ejemplo documentos de identificación y visas).
12.  Conocer la verdad de lo ocurrido y a una investigación pronta y eficaz para, en su caso, la identificación y enjuiciamiento de quienes hayan sido responsables de los hechos.
13.  Ser reparada integralmente por el daño sufrido.
14.  Acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar las responsabilidades correspondientes y a que su caso se investigue bajo el estándar de la debida diligencia.

¿Quiénes son las víctimas? 

De acuerdo con la Ley General de Víctimas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder son:

• Víctimas directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo —individual o colectivamente— económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

• Víctimas indirectas: familiares y/o personas físicas a cargo de la víctima directa con las que tengan una relación inmediata, así como las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

• Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

• Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, la calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos, con independencia de que se identifique, aprehenda o condene a la persona responsable del daño —sin importar la relación familiar entre el perpetrador y la víctima— o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

¿Cuándo puede hablarse de violencia política con elementos de género?

No toda la violencia que se ejerce contra las mujeres tiene elementos de género. Tener claridad de cuándo la violencia tiene componentes de género resulta relevante dado que se corre el riesgo de, por un lado, pervertir, desgastar y vaciar de contenido el concepto de “violencia política contra las mujeres” y, por otro, perder de vista las implicaciones de la misma.

Tomando como referencia los estándares de la CoIDH, del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica; es posible derivar dos elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género:

1. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer. Es decir, cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y a los “roles” que normalmente se asignan a las mujeres.

2. Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente. Este elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción que a los hombres, o bien, de aquellos hechos cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. En ello, habrá que tomar en cuenta las afectaciones que un acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las mujeres que la padecen.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) durante el proceso electoral de 2014-2015 en México, en las entidades de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco se presentaron casos de violencia política de género contra personas que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de partidos, coordinadoras de campaña, colaboradores, así como a familiares de las candidatas.