El sistema electoral constituye uno de los temas públicos que mayor relevancia reviste para la sociedad mexicana y por ello mismo, cada determinado tiempo propicia una reforma constitucional o legal con la finalidad de atemperar las necesidades que enfrentan los operadores electorales y el sistema de partidos, muchas de ellas novedosas en cada proceso. Pese a todo, la sociedad mexicana en su mayoría considera a la democracia como la mejor alternativa para el acceso al poder y el control del mismo. También es cierto que el tema de la integración de los organismos electorales estuvo presente en la agenda política, convocando a la sociedad a tomar partido por escoger un modelo, el tradicional que tenemos o bien, elegir de manera popular a los integrantes de dichos organismos. Lo anterior fue innecesario generando un desgaste en los operadores electorales y la distracción de los partidos políticos en un tema que a años de distancia sigue sin salvarse.
Desde 1996 se suceden periódicamente en México reformas estructurales al modelo electoral, constituyendo en los últimos procesos una oportunidad de mejora; sin embargo, el Ejecutivo Federal anunció su pretensión de ciertas reformas, ello se percibe como cambios que podrían ser retrocesos como la desaparición de los OPLES, lo que generaría la concentración en el INE de todas las elecciones y generaría un aparato burocrático obeso y lento que no respondería a las necesidades locales que presentan, para ello se requiere dotarles de su propio espacio de resolución política, por ejemplo entidades como Oaxaca y Chiapas que se caracterizan por su composición pluricultural y cuentan con elecciones por Sistemas Normativos Internos. No obstante, se percibe la continuidad de la propuesta legislativa con la virtual presidenta electa.
Por otro lado, debemos señalar que coincidimos con quienes sostienen que el sistema electoral mexicano representa un modelo legal sobrecargado de contenidos, producto de la desconfianza entre políticos y también de la sociedad hacia ellos, lo que genera mayor cantidad de normas y en consecuencia una menor calidad de los procesos, lo que en buena parte genera una tormenta perfecta al producir desfases y controversias.
El proceso electoral mexicano en 2024 debe considerarse destacado en muchos aspectos, recuperamos tres de ellos: en primer lugar, elegimos a poco más de 21 mil representantes populares en todo el país con la mayor lista nominal, tamaño proceso no se habia realizado jamás. En segundo lugar es inédito el voto de las personas que estan recluidas en prisión y que tienen impuesta una medida cautelar conocida como prisión preventiva, esta modalidad fue del voto anticipado y se realizó del 6 al 20 de mayo del 2024. Pero en un tercer lugar, debe decirse que la violencia electoral estuvo presente en todas las etapas del proceso elecoral 2024, alcanzando niveles de violencia no vistos antes y mostrando que en el nivel municipal el crimen organizado en ciertas regiones del país practicamante se hizo del control de las candidaturas y en muchos casos, inhibio la participación política de hombres y mujeres, tanto en el ejecicio de su voto activo como pasivo.
Instrumentar los mecanismos adecuados para garantizar el voto constituye una obligación del Estado mexicano adquirida al ratificar diversos instrumentos internacionales en el ámbito de los derechos político-electorales. En los últimos años, esta obligación se ha tornado más relevante en especial cuando se trata de la participación política de las mujeres, ya que, el ejercicio de estos derechos se ve coartado ante la ola de violencia que se genera en su contra. Lo anterior, ha generado que el Estado mexicano integre a su normativa disposiciones que tienen la finalidad de dotarle de las herramientas necesarias para que puedan participar en la vida pública de nuestro país.
No obstante, el derecho al voto pasivo de las mujeres se ha encontrado una serie de obstáculos que han limitado su ejercicio, por lo que resulta necesario tutelar la esfera jurídica fundamental de las mujeres de manera efectiva, lo anterior con el objetivo primordial de que puedan ejercerlo libremente y estar en condiciones de igualdad.
El derecho al voto pasivo se encuentra íntimamente ligado con el derecho a la igualdad y su salvaguarda se ha convertido en un elemento imperioso para determinar la legalidad y legitimidad democrática, con lo que se asegura el debido funcionamiento del Estado constitucional de derecho. Lo anterior es de suma trascendencia, ya que salvaguardar la democracia implica demandar el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro de la sociedad mexicana.
Por lo que es sumamente necesario que se creen las condiciones para que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos políticos-electorales en igualdad de condiciones con los hombres. Lamentablemente en cada proceso electoral podemos observar cómo se suman nuevos obstáculos para lograr este cometido, México, cuenta con la legislación necesaria para poder brindar la igualdad, pero esta condición se ha quedado en su etapa formal, ya que, se puede observar que existen elementos que lo impiden, siendo uno de los más preocupantes la violencia en razón de género.
A lo largo de los últimos años, hemos visto como los casos de este tipo de violencia en la política aumentan de forma significativa, pero un elemento que se mantiene es que la mayoría de estos casos y los más emblemáticos se han desarrollado dentro de la región Sur-Sureste. Esta región cuenta con ciertas características que la diferencian del resto del país como su índice económico, de educación y especialmente su composición pluricultural, por ello que, abordar la violencia política en rezón de género desde un enfoque de género e interculturalidad es esencial para entender las múltiples dimensiones de esta violencia y diseñar estrategias efectivas para su erradicación. Solo a través de un compromiso genuino con la igualdad y el respeto a la diversidad cultural se puede avanzar hacia una participación política más inclusiva y equitativa para todas las mujeres en México.
La violencia política de género en la región sureste de México durante el proceso electoral de 2024 se manifestó de diversas maneras dentro de los partidos políticos, afectando la participación y el desempeño de las mujeres en la política. La intimidación, difamación, exclusión, acoso y control fueron algunas de las tácticas utilizadas para obstaculizar su participación. Es crucial continuar trabajando en la implementación de políticas y estrategias que promuevan un entorno político seguro e inclusivo para todas las mujeres.
Los factores culturales y étnicos en la región sureste de México influyen de manera profunda en la manifestación de la violencia política de género. En el contexto de las elecciones de 2024, comprender y abordar estas dinámicas es esencial para fomentar un entorno político inclusivo y seguro para todas las mujeres.
Las estrategias de resistencia y enfrentamiento a la violencia política de género en el sureste de México son diversas y adaptadas al contexto intercultural de la región. Estas estrategias, que combinan la organización comunitaria, la educación, el uso de tecnologías, la acción legal, y la visibilización pública, están empoderando a las mujeres y fomentando un cambio hacia una participación política más inclusiva y segura.
Las instituciones y partidos políticos han jugado un papel importante en la prevención y respuesta a la violencia política de género en el sureste de México, implementando normativas, protocolos y programas de sensibilización. Sin embargo, la efectividad de estas acciones varía y enfrenta desafíos significativos, incluyendo la implementación consistente, la resistencia interna y la falta de recursos. Es crucial continuar fortaleciendo estos esfuerzos y promover una cultura de igualdad de género y cero tolerancia hacia la violencia política de género.
La violencia política de género en el sureste de México tiene consecuencias graves y multifacéticas. Para la participación política de las mujeres, resulta en desincentivo, reducción de oportunidades y un impacto negativo en la calidad del liderazgo femenino. Para el fortalecimiento de la democracia, contribuye a la erosión de la representatividad, el debilitamiento de las instituciones democráticas y un impacto negativo en la participación ciudadana. Abordar y erradicar la violencia política de género es crucial para construir una democracia más equitativa, inclusiva y representativa.
En el diseño de las políticas publicas de atención a la violencia política de género debe considerarse la elaboración de protocolos contra la violencia política de género resulta ser una herramientas clave para construir una sociedad más justa, equitativa, y democrática, donde las mujeres puedan participar plenamente en la vida política sin temor a represalias o discriminación.
Además, para ello, se requiere de forma imperante de un compromiso por parte de los partidos políticos y de las autoridades electorales, de los primeros para cumplir la norma a cabilidad sin buscar recobecos en la norma que les permitan generar estrategias para eludirla, de igual forma para adoptar en su actuar una perspectiva de género para evitar que se incurran en actos de violencia tanto de sus militantes, candidatos, candidatas, así como de su personal de estructura. Respecto a sus autoridades es necesario que al momento de conocer los casos de violencia estudien todos los elementos y se impongan sanciones que permitan que se evite incurrir en este tipo de prácticas, uno de los elementos que ya se mencionaron en el cuerpo del documento es el analisis de modo honesto de vivir y poder determinar que la perdida de este impide la participación en las elecciones, si bien, podría tomarse como una postura punitiva, es fundamental para ir cambiando los paradigmas actuales de nuestra sociedad donde la violencia hacia la mujer en razón de género esta normalizada e incluso tolerada.
No obstante, cabe destacar que para que un cambio social de esa magnitud pueda darse otro de los elementos fundamentales es la capacitación, la cual, debe realizarse en todas las esferas para que podamos constituir un cambio significativo y con ello, poder consolidar el Estado Democratico y Constitucional de Derecho en México en donde realmente todas y todos tengamos las mismas oportunidades y podamos gozar de una vida libre de violencia.